El gobierno analizará los pagos de las familias a colegios concertados

El Gobierno va a analizar los pagos que las familias hacen a los colegios concertados, algunos de ellos «altísimos», ya que ese tipo de enseñanza está financiada «estrictamente» por el Estado. Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en referencia al informe de la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa) en el que denuncia cobros irregulares de los centros concertados que, en algunos casos, superan los 800 euros.

«No es admisible y lo vamos a analizar», ha insistido Celaá, que ha remarcado que mientras los colegios privados pueden fijar las cuotas de matriculación que consideran oportunas, los concertados están financiados «estrictamente» por la Administración a través del sistema de concierto.

Tal y como contó ayer EL PAÍS, en el Estudio de precios de colegios concertados, presentado ayer por Ceapa y financiado por el Círculo de Calidad Educativa (CICAE), una asociación que agrupa a 57 colegios privados, se analizan 147 colegios de seis comunidades autónomas que cobran una cuota media de 160 euros al mes. La muestra es pequeña, pero abre un debate muy polémico con pruebas por escrito de los precios. En dicho informe, se denunciaba los 850 euros mensuales que abonan en concepto de «escolarización» las familias del colegio concertado trilingüe St. Paul’s School, en Barcelona.

La ley educativa de 2006 (LOE) establece que “en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas”. También fija la imposibilidad de “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios” que requieran aportación económica. Sí se pueden cobrar los servicios complementarios (como autobús o comedor) o las actividades extraescolares «con carácter voluntario», añade la norma.

Carles Martínez, director general de políticas educativas de la Generalitat de Cataluña, aseguró a este diario que hay un problema: “Somos conscientes de que se están produciendo irregularidades porque el concierto educativo es el instrumento jurídico que tiene que garantizar la gratuidad de la escolarización y es incompatible que haya estas cuotas”. El Departamento de Enseñanza, comandado por ERC, explicó a EL PAÍS su intención de revisar todos los conciertos educativos y apostar por una “financiación equitativa”, de forma que el volumen del concierto público dependa del entorno socioeconómico del centro.