Educación propone a las autonomías prohibir el móvil en Primaria y Secundaria
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha propuesto a las comunidades autonómicas una normativa conjunta sobre el uso de los dispositivos móviles en la escuelas e institutos. La propuesta para el debate que quiere iniciar en enero con los consejeros y el Consejo Escolar del Estado es prohibirlo por completo en primaria y en secundaria. En el aula, pasillos y patios. La única salvedad en el caso de ESO es si el centro educativo lo requiere para su proyecto pedagógico o para alguna actividad puntual. La propuesta no incluye, de momento, las clases extraescolares.
La restricción total, salvo que el profesor lo indique, incluiría el tiempo del patio
Según fuentes del ministerio, la propuesta de la ministra ha sido bien recibida por la mayoría de consejeros de educación. En cuatro comunidades ya está prohibido el uso del móvil: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid.
Alegría ha querido impulsar el debate a la vista de que “cada vez hay más preocupación en la sociedad por la utilización de los dispositivos móviles, especialmente en horario lectivo”. Ese horario solo es una parte del tiempo de la vida de los alumnos, ha esgrimido, ya que el 75% del uso del móvil se realiza fuera. Por ello le parece importante involucrar a las familias. La medida no sería contraria a la impartición de la cultura digital, más necesaria que nunca, según expresó a los consejeros.
La ministra no era proclive a la prohibición, pero, según las fuentes ministeriales, a la luz de la inquietud social y de los últimos informes internacionales recibidos, así como los de organizaciones como Save The Children o Unicef, es partidaria de una restricción total.
La propuesta se interpone al debate que quiere impulsar la consellera Simó en Catalunya
“Nos vamos a ver y debatir para buscar la posibilidad de dar una respuesta coordinada y conjunta”, afirmó.
Las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas. Y, además, los centros educativos cuentan con la autonomía de centro. No obstante, la ministra ha valorado la experiencia de sintonía que hubo durante la pandemia cuando, “desde el respeto a las competencias”, se decidió volver a la presencialidad en las clases antes que otros países.
“Queremos hacer lo mismo, queremos sentarnos con las comunidades autónomas y con el Consejo Escolar del Estado y lanzar una propuesta que someteremos a análisis y a debate”, ha afirmado.
La consellera Anna Simó tenía previsto asistir a la conferencia, pero coincidía con la sesión de control al Govern por lo que estaba representada por el secretario de Transformación Educativa. El martes el Consell Escolar de Catalunya entregó a la consellera un documento de síntesis sobre el debate de los móviles en el que pide una regulación, no una prohibición. Defiende restricciones en etapas, tiempos, espacios y edades, sin nombrar la palabra prohibición.
“La prohibición no es un consenso general”, apuntó el presidente del consejo, Jesús Vinyes, que indicó que, no obstante, el documento “da pistas” sobre la limitación por edades con una mayor restricción en primaria que en otras etapas.
La conselleria anunció que redactará unas instrucciones y criterios marco para que los centros debatan con las familias.
En cuanto a los fondos aprobados -cuya distribución recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 7 de noviembre-, servirán para crear 76.479 nuevas plazas de FP, algo para lo que las comunidades autónomas recibirán 143 millones de euros, y 21.794 plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) a través de una inversión de 142,4 millones de euros.
Un tercer acuerdo implica la transferencia de 1,6 millones de euros correspondientes al programa Código Escuela 4.0 para formar en programación, robótica y pensamiento computacional a 5,5 millones de alumnos de centros públicos y concertados. El Ministerio y las comunidades autónomas también han abordado una nueva partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos derivados de la escolarización de niños y jóvenes desplazados a España por la guerra en Ucrania.
Desde el inicio del conflicto, más de 38.000 personas han llegado a centros educativos no universitarios del país. Las comunidades recibirán 41,9 millones de euros para la contratación de personal docente de refuerzo y auxiliares de conversación, ayudas para transporte o la compra de libros y material escolar, entre otras.
Asimismo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado para el próximo 18 de diciembre una reunión de la Comisión General de Educación para abordar con las comunidades el Real Decreto de umbrales, que regula las becas, la orden que regula la EBAU y próximas actuaciones en materia de Formación Profesional.
Fuente: www.msn.com
